Pronunciamiento — Ilustre Colegio de Abogados de Junín
El Decano y la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Junín (ICAJ) han tomado conocimiento del lamentable suceso acontecido en un medio de transporte público en la ciudad de Lima, donde un ciudadano fue detenido de manera arbitraria a consecuencia de un incidente respecto al uso del pase libre otorgado a los miembros de la Policía Nacional del Perú.
En atención a lo ocurrido, el Colegio expone los fundamentos que demuestran que dicha detención fue arbitraria y contraria al marco constitucional vigente.
El artículo 24, literal f, de la Constitución Política del Perú establece que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. Esta garantía de naturaleza constitucional constituye un límite claro a la potestad punitiva del Estado y debe ser interpretada conforme al principio de “ultima ratio”, que impone que el derecho penal sea empleado solo como último recurso, luego de agotar todos los mecanismos administrativos o civiles disponibles.
En el caso concreto, la Ley N.° 26271 otorga a los miembros de la Policía Nacional del Perú el derecho a pases libres en el transporte urbano e interurbano. Sin embargo, la Resolución Directoral N.° 010-2025-ATU/DFS establece que el incumplimiento de dicha disposición acarrea sanciones administrativas —como multa o suspensión—, sin que ello justifique una medida penal o privativa de libertad.
Por tanto, existiendo un procedimiento administrativo sancionador previsto para este tipo de situaciones, la detención del ciudadano resulta desproporcionada, carente de sustento legal y contraria al principio de razonabilidad. Un hecho que pudo resolverse mediante los canales administrativos adecuados terminó ejecutándose mediante el uso de la fuerza y la privación de libertad, configurando una detención arbitraria.
El Ilustre Colegio de Abogados de Junín subraya que esta actuación vulnera derechos fundamentales y evidencia una preocupante desviación del propósito legal de la función policial.
“La labor policial debe garantizar la seguridad, el orden y el respeto a los derechos fundamentales, no vulnerarlos”
Señala el pronunciamiento institucional.
En tal sentido, el ICAJ expresa su profunda preocupación y rechazo frente a los actos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú y exige una investigación inmediata, transparente e imparcial, así como la sanción correspondiente a los responsables.
Asimismo, la institución demanda el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la formación en derechos humanos dentro de la Policía Nacional, recordando que la autoridad conferida por el Estado no debe ser utilizada para amedrentar ni violentar a la población.
El Colegio reafirma que el Perú necesita una Policía al servicio del ciudadano, comprometida con la justicia, la legalidad y la dignidad humana, principios esenciales para una convivencia democrática.
Pronunciamiento oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Junín — Parte 1
Pronunciamiento oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Junín — Parte 2
